Este podcast acompaña al análisis. Realizado, producido y narrado en colaboración con Calle Mundo Podcast.
Autor invitado: Unai Yoldi Hualde
A Donald Trump le quedaba un mes en la Casa Blanca cuando decidió tomar una de sus últimas polémicas decisiones como mandatario de Estados Unidos: reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones diplomáticas con Israel. Era el 10 de diciembre de 2020 y no había pasado ni un mes desde la vuelta a la guerra activa entre el Frente Polisario y Marruecos tras romper el país alauita el alto al fuego firmado en 1991. Este sábado se cumple un año de la vuelta a las armas.
Para entender el conflicto hay que ir a su raíz. EE.UU. buscaba que otro país musulmán estrechase lazos con Israel, que hasta entonces tan solo lo habían hecho Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán. Para Marruecos, el beneficio de ese acuerdo era claro: que por primera vez una gran potencia mundial reconociera su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Hasta el momento, nadie había tomado una medida que va en contra de lo que dicta el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, que pide un referéndum de autodeterminación saharaui desde 1991 por un territorio que ocupó Marruecos en 1975 y que desencadenó un conflicto que dura hasta nuestros días.
En Rabat confiaban en que a Estados Unidos le seguirían otros países aliados para así terminar de imponer su mandato de facto sobre el último territorio de África pendiente de descolonizar. Sin embargo, un año después la comunidad internacional no ha hecho el juego a Rabat y a Washington, lo que ha enfadado a Marruecos. El Rey Mohamed VI ha presionado a Europa y especialmente a España, dando rienda suelta a la migración que en este último año ha afectado a la costa canaria y a la ciudad de Ceuta. A la par, el monarca trata de tapar por todos los medios una guerra contra el Frente Polisario que le desgasta desde hace un año.
Por su parte, el pueblo saharaui, que recibió con esperanza el regreso a las armas, es quien más está sufriendo las consecuencias del conflicto. La mitad de su población lleva 46 años en el desierto viviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf. Desde que comenzara la guerra muchos hombres se han marchado al frente y más jóvenes se han alistado al Frente Polisario. A la guerra se le ha unido la pandemia de la Covid-19 que ha cortado la ya de por sí menguante ayuda internacional, de la que dependen los campamentos para subsistir. La otra mitad de la población saharaui, que habita en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, ha visto incrementada la represión a la que está sometida en el territorio.
La guerra no solo ha cambiado a Marruecos, el Sáhara Occidental y España. Un año después, la situación en el norte de África es más tensa que nunca. A la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos podría sumarse Argelia, fiel aliado de los saharauis, después de que el pasado 1 de noviembre acusase a Rabat de asesinar con un dron a tres camioneros argelinos en el Sáhara Occidental cuando cubrían la ruta comercial Ouargla-Nouakchott.
Un año que comenzó en el Guerguerat
El 21 de octubre de 2020 decenas de saharauis se manifestaron en el Guerguerat, un paso fronterizo que une la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos con Mauritania, pasando por la zona que controla el Frente Polisario. El reino alauita usa este paso para transportar mercancías al Sahel y a África subsahariana, pese a que esta ruta no se contemplaba en el Plan de Arreglo firmado entre ambas partes que llevó al alto al fuego en 1991.
El 13 de noviembre de 2020, tras semanas de protestas saharauis que paralizaron el transporte de decenas de camiones, el Ejército marroquí entró al territorio controlado por el Frente Polisario y desalojó a los manifestantes, rompiendo así el alto al fuego vigente desde hacía 29 años. Horas más tarde, el Frente Polisario decretó el Estado de Guerra y comenzó a atacar el muro construido por Marruecos que divide el Sáhara Occidental en dos.
Desde que se reanudara la guerra, la información sale a cuentagotas y de un solo lado. El Ejército saharaui ha reportado más de 350 partes de guerra en los que ha ido informando sobre los ataques marroquíes contra el muro, además de las bajas sufridas en sus filas ––17 hasta el momento–– y las infligidas a su enemigo. Del otro lado, silencio. Marruecos trata de acallar el conflicto con el fin de perpetuar el status quo que le permite seguir controlando y expoliando los recursos del Sáhara Occidental.
Un año después, la comunidad internacional liderada por España, quien todavía es potencia administradora del territorio de iure, no ha cambiado su postura pasiva. La ONU acaba de renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) un año más sin mencionar la vía de la autodeterminación para resolver el conflicto, circunstancia que ha enfadado a los saharauis.
El Frente Polisario, que ya no confía en la labor de la misión, prepara una escalada militar cuando se cumple un año del inicio de la guerra. Para ello, su líder y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, ha nombrado jefe del Estado Mayor a Mohamed Wali Akeik, ex primer ministro y uno de los líderes durante la guerra con Marruecos entre 1975 y 1991.
La guerra salpica a España
El conflicto ha traspasado las fronteras de su territorio de acción. Precisamente porque el Sáhara Occidental fue territorio español hasta 1975 y por su cercanía al Magreb, España ha sido el país que más ha sufrido las consecuencias de la guerra. Días después de la ruptura del alto al fuego, miles de migrantes comenzaron a llegar a la localidad canaria de Arguineguín procedentes de las costas marroquíes y saharauis controladas por los alauitas. Las palabras de algunos miembros del Gobierno español llamando a cumplir la legalidad internacional en el Sáhara Occidental no gustaron en el país magrebí en un momento en el que el conflicto volvía a abrir telediarios.
Aquella crisis migratoria fue el primer encontronazo entre los gobiernos de España y Marruecos, pero solo era la antesala de lo que venía. El 18 de abril de 2021, el líder del Frente Polisario aterrizó en Zaragoza a escondidas en un avión medicalizado argelino gravemente enfermo de Covid-19. De allí Ghali fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser tratado. Seis días después, la noticia se hizo pública y Marruecos convocó de urgencia al embajador español en el país para expresarle su malestar por la acogida de su mayor enemigo. La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, excusó razones humanitarias, pero el Gobierno marroquí no aceptó sus explicaciones a pesar de que técnicamente Ghali es un ciudadano español ya que nació en Smara en 1948, cuando el Sáhara Occidental era territorio español.
Las relaciones entre ambos países se tensaron en los días siguientes. Marruecos amenazó con romper relaciones con España mientras Ghali continuaba ingresado en estado crítico. El 17 de mayo, Rabat pasó a la acción: al menos 8.000 personas, entre ellas cientos de menores, cruzaron las fronteras del Tarajal y Benzú a nado para llegar a Ceuta. Durante 48 horas, las autoridades marroquíes tuvieron la orden de permitir el paso a todo el que quisiera.
La acogida de Ghali y la crisis migratoria ha desencadenado sin duda la mayor crisis entre ambos países en los últimos años. La Unión Europea salió en defensa de España y sus fronteras y Marruecos admitió su enfado por la acogida de Ghali. Sin embargo, el trasfondo de la crisis diplomática tiene que ver con que España no ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, tal y como Mohamed VI esperaba que ocurriese después del reconocimiento de EE.UU.
Ghali abandonó España el 2 de junio desde el aeropuerto de Pamplona rumbo a Argelia, no sin antes haber declarado por videoconferencia en la Audiencia Nacional para responder a una querella de genocidio interpuesta contra él y contra otros miembros del Polisario. Sin embargo, el juez Santiago Pedraz le dejó en libertad bajo medidas cautelares y la semana pasada decidió archivar la causa, algo que fue avalado por la Fiscalía.
La primera gran victoria del Frente Polisario
La crisis del caso Ghali todavía coletea cinco meses después de su salida de España. En los últimos meses, el Gobierno español ha intentado normalizar relaciones con el reino alauita, principal socio en el continente africano y puerta de la migración hacia Europa. Para acercar posturas hubo un cambio de titularidad del Ministerio de Asuntos Exteriores español. La salida de Laya, quien no era aceptada en Marruecos, fue un gesto diplomático, pero la cuestión de la soberanía del territorio sigue igual: España sigue mirando a otro lado.
Marruecos exige que España reconozca que el Sáhara Occiental es suyo y los saharauis a su vez que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del territorio y garantice la autodeterminación. La realidad es que desde el alto al fuego de 1991 ningún gobierno español ha tratado activamente de solucionar el conflicto. La posición española perpetúa un status quo que beneficia a Marruecos, que sigue explotando los recursos del Sáhara Occidental, principalmente de sus minas de fosfatos, su agricultura y pesca. Sin embargo, puede que no por mucho tiempo.
La mayor victoria durante este año de guerra del Frente Polisario se ha dado en la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que el pasado 29 de septiembre anuló los acuerdos comerciales y pesqueros que Marruecos tiene con la UE. Los magistrados alegan que en esos acuerdos se incluye de forma ilegal el Sáhara Occidental. La sentencia judicial no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio y da la razón al Frente Polisario, quien defiende que para que la UE pueda aplicar acuerdos sobre productos del Sáhara Occidental debe contar con la aprobación de la población saharaui. De momento, los acuerdos seguirán vigentes al considerar que la anulación inmediata de estos podría tener graves consecuencias, pero si se confirma los barcos pesqueros europeos, muchos de ellos españoles, ya no podrán faenar en las aguas del Sáhara Occidental. Este revés judicial acrecienta la crisis entre Marruecos y la UE.
Entre tanto, quien más sufre las consecuencias es la población saharaui que vive bajo el régimen marroquí, que tras el estallido de la guerra ha acrecentado su mano dura. El ejemplo más claro de ello es el de la activista saharaui Sultana Khaya, que lleva un año bajo arresto domiciliario en su casa de Bojador. Durante este tiempo, según han difundido ella y su familia a través de las redes sociales, ha perdido un ojo y ha sido golpeada por fuerzas policiales marroquíes. En la madrugada del 12 de mayo, en un vídeo que publicó el medio saharaui Equipe Media, Khaya denunciaba que ella y sus hermanas fueron agredidas y violadas con palos y tubos. A día de hoy todavía sigue sin poder salir de su domicilio.
¿Qué ha cambiado en este año?
A simple vista, la guerra de baja intensidad no ha generado grandes cambios sobre el conflicto, que sigue estancado en el mismo escenario desde 1975. Sin embargo, la situación tras 365 días de regreso a las armas es distinta.
Lo es para Marruecos, que se ha sentido rechazada al ver cómo la comunidad internacional no ha secundado el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ni siquiera por parte de Francia, su mayor aliado en el Viejo Continente. La crisis diplomática que arrastra con España tampoco ha beneficiado al país magrebí en el tablero internacional. Mohamed VI trata por todos los medios de ocultar el conflicto que se vive en el territorio, pero los ataques de ambos bandos y las bajas sufridas son patentes. Ahora, tras la muerte de tres civiles argelinos, de la que Marruecos no ha desmentido su autoría, puede hacer que el enfrentamiento tome otra dimensión, aunque el régimen alauita ya ha manifestado su negativa a entrar en guerra armada con su vecino.
El Frente Polisario y los saharauis esgrimen que la lucha armada sigue siendo la única vía que encuentran para recuperar su territorio. La MINURSO lleva tres décadas sin organizar un referéndum que no tiene visos de que se vaya a llevar a la práctica, al menos a corto o medio plazo. Pese a que tanto el presidente Brahim Ghali como el resto de representantes del movimiento de liberación siguen apelando a una resolución pacífica del conflicto, también muestran su desesperanza y su hastío tras 46 años de exilio en el desierto argelino y de ocupación de su territorio. Incluso Túnez se abstuvo de votar por la renovación del MINURSO en el Sáhara Occidental, y así mantener una “neutralidad positiva”.
Por su parte, Argelia podría pasar de un segundo plano con un apoyo pasivo al Frente Polisario a ser un actor central de la contienda. La pugna que mantiene con Marruecos por la hegemonía del Magreb hace de Argelia el tercer actor de este conflicto. La relación entre ambos países se ha ido deteriorando más todavía en los últimos meses y en agosto rompieron relaciones diplomáticas. El asesinato de tres civiles argelinos podría precipitar el inicio de otro conflicto armado entre el reino alauita y Argelia, que aseguró represalias. Ambos tienen dos de los ejércitos más potentes de África y cuentan con apoyo internacional: si Marruecos cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Francia, Argelia tiene detrás a Rusia. No obstante, la posibilidad de una guerra total entre ambos bandos es poco realista y lo más probable es que Argelia apoye de manera más activa al Frente Polisario en el Sáhara Occidental, como señala el periodista experto en el Magreb, Ignacio Cembrero.
La tensión entre vecinos en el norte de África ha tenido consecuencias directas en España. Tras romper relaciones diplomáticas en agosto, Argelia anunció que no renovaría el contrato del Gasoducto Magreb Europa (GME) que pasaba por Marruecos camino a España. A pesar de los intentos del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el suministro se ha cortado en mitad de una crisis energética global. Ahora, España debe aumentar sus relaciones con Argelia si quiere garantizar el suministro de gas de cara al invierno y tratar a su vez de no enfadar a Rabat.
De complicarse el escenario bélico en el Magreb, las consecuencias para Europa pueden agravarse. Un conflicto armado de gran envergadura traería consigo un mayor flujo migratorio hacia las costas canarias y peninsulares. Mientras, España sigue de perfil a la hora de buscar una solución duradera. No reconoce la soberanía marroquí, pero tampoco se compromete de manera decidida por seguir las resoluciones de la ONU e impulsar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.