«Bitcoin, ¿qué es eso?». La respuesta de Auguste Agou a Reuters cuando le dijeron que su país, República Centroafricana, acababa de aprobar el uso legal de criptomonedas fue elocuente. «¿Pero qué va a traer a nuestro país?» La mayoría de centroafricanos se preguntarán por qué su gobierno se ha convertido en el primero en África y el segundo en todo el mundo, tras El Salvador, en adoptar la volátil moneda digital.
Si uno piensa de manera racional, tiene poco sentido. Bitcoin, como cualquier criptomoneda, necesita mucha electricidad y acceso a un smartphone con internet. Sin embargo, la gran mayoría de ciudadanos no tienen ni la una ni la otra. Internet solo llega al 11% de la población de poco menos de 5 millones, pero es que la electricidad tampoco mucho más: un 14%. Entonces, ¿a quién beneficia?
Como en todo, la política y economía se mezclan. Por un lado, la nación rica en oro y diamantes busca atraer inversores. Pero sobre todo, busca alejarse de Francia. R. Centroafricana es uno de los países más pobres de África, en constante tensión entre grupos opositores y un gobierno débil, atrincherado en la capital, Bangui. Sosteniéndolo está Rusia con mercenarios del grupo Wagner, pero el país está dentro del franco CFA francés, una moneda compartida con otros países y vinculada al pasado colonial francés, con el 50% de las reservas en manos del tesoro francés.
La decisión de adoptar bitcoin es una medida primordialmente política y con repercusiones inciertas. Aunque la mayoría de la población no note un cambio, R. Centroafricana sí puede situarse peligrosamente como un lugar de lavado de dinero ilícito.