Nigeria intenta frenar la lastra de los secuestros

En 2014, la entonces primera dama estadounidense, MichelleObama, posó en la Casa Blanca con un cartel: #BringBackOurGirls. Su imagen dio la vuelta al mundo y la siguieron famosos como la activista Malala o la actriz CaraDelevingne. El mensaje vino tras el secuestro de 276 niñas de un colegio en la región de Chibok, al norte de Nigeria. Ocho años después, los secuestros no paran de aumentar y el gobierno ha decidido prohibir el pago por rescates.
El secuestro de humanos se ha convertido en un negocio lucrativo en un norte del país con menguantes recursos debido al cambio climático. El número se ha multiplicado por cuatro de los 110 en 2015 a los 437 en 2020, pero más preocupante es el número de personas: en 2017 eran 484 y tan solo en la primera mitad de 2021 ya eran 2,944 los secuestrados.
Ahora, el gobierno de Nigeria ha modificado su ley de terrorismo para castigar con 15 años de prisión a quien pague por un rescate. A ello ha aumentado las penas para quién secuestre a pena capital si conlleva la muerte de la víctima o indefinida en caso de que no. El objetivo es disuadir a los secuestradores dejándoles ver que no cobrarán, pero la efectividad es dudosa. Muchos de esos pagos son hechos por funcionarios públicos y personas dentro del gobierno y tramitados con la ayuda de la policía.
Para conseguir que se acaben los secuestros hará falta mucho más que una ley penalizándolos, un cambio estructural en las oportunidades que no ocurre de la noche a la mañana.
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