Ruanda-Reino Unido: un acuerdo win-win para los dos, pero no para las personas

Faltaba media hora para despegar, pero de repente sonó la megafonía: todos a tierra. El primer vuelo de deportación a Ruanda de migrantes irregulares desde Reino Unido no despegó el pasado martes tras la decisión de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eran solo siete de los 130 que quería enviar en ese vuelo el gobierno de Boris Johnson –al resto no se atrevieron a subirlos por dudas legales–, pero aún así la justicia lo frenó. Los argumentos eran claros: en Ruanda no es válida la Convención Europea de Derechos Humanos y no se aseguraba que se cumpliera. El acuerdo firmado en abril entre el gobierno de Ruanda y el de Reino Unido ha levantado polémica, pero, ¿en qué consiste y en qué se beneficia cada país?

Johnson pretende externalizar la acogida de inmigrantes irregulares. Cualquiera que cruce sin papeles el Canal de la Mancha y sea sujeto a ello, le embarcan en un vuelo a Kigali. A cambio, Londres paga 144 millones de euros y cubre todo sus gastos, pero bien lejos, a 4.000 kilómetros de casa. Todo saltándose la legalidad internacional: la Convención de Ginebra obliga a que pasen 14 días para tramitar un demandante de asilo en el territorio que lo solicita.

El Reino Unido encontraría así una solución ante la alarmante llegada de inmigrantes irregulares. En 2019 llegaron 300 personas, pero el año pasado ya eran 28.500. El acuerdo le quita presión política en casa ante un tema delicado, le quita responsabilidad en su manejo y además alude a la ayuda al desarrollo de Ruanda con el pago.

Por otro lado, Ruanda no solo gana dinero, sino también exposición internacional. Paul Kagame busca situar al país de las Mil Colinas como un lugar abierto al capital humano, multicultural y con oportunidades económicas. El acuerdo sirve también como lavado de imagen para su régimen autocrático, posicionándose como favorable a la acogida de refugiados y amigo de Occidente. Esto lo viene haciendo desde hace tiempo enviando tropas para combatir insurgencias yihadistas como la de Cabo Delgado en Mozambique o atrayendo a refugiados desde Libia.

La elección de Ruanda no es casual, pero no es oro todo lo que reluce. Más allá de la falta de libertades, en Ruanda viven ya 13 millones de personas en un espacio del tamaño de la Comunidad Valenciana, por lo que la presión por la tierra se amontona. Además, el país cuenta ya con miles de refugiados de R.D. Congo y Burundi que el gobierno abiertamente dice que no los quiere, lo que genera un doble rasero. Aún así, Ruanda no es Libia donde los migrantes son perseguidos y las preocupaciones pueden llegar a ser excesivas teniendo en cuenta el foco mediático que se pondrá y el interés de Kagame en posicionarse como socio fiable para Occidente y un buen lugar para trabajadores extranjeros.

Aún con todo, el acuerdo ha suscitado muchas críticas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que el acuerdo es un «error» que puede sentar «un peligroso precedente». El ala más crítica ha sido la Iglesia Anglicana de Inglaterra: los 23 obispos que están en la Cámara de los Lores firmaron una carta en The Times diciendo que era «una vergüenza para la nación». Por lo pronto, el gobierno de Johnson y el de Kagame han reafirmado su compromiso y no se echan atrás.

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